EL PASO, Texas - Los contribuyentes del condado de El Paso pagaron casi 4 millones de dólares por la defensa y 1.9 millones de dólares por el procesamiento del hombre que mató a tiros a 23 personas e hirió a otras 22 en un Walmart de El Paso en 2019, según muestran los registros del condado.
Más de 2 millones de dólares de esa cantidad se destinaron a expertos contratados desde 2019 por el equipo de defensa que representa a Patrick Crusius.
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MIRA AQUÍ GRATIS Patrick Crusius de 26 años, se declaró culpable de asesinato capital y agresión agravada con un arma mortal el mes pasado después de que el fiscal de distrito James Montoya decidiera no solicitar la pena de muerte.
Tres abogados defensores (Joe Spencer, Felix Valenzuela y Mark Stevens) recibieron un pago compuesto de 602,000 dólares durante cinco años, según los registros, mientras que los investigadores de la defensa recibieron más de 694,000 dólares. Otros 688,000 dólares se gastaron en necesidades "diversas", según los registros.
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SUSCRÍBETE Los registros mostraron que la fiscalía gastó 1.9 millones de dólares entre mayo de 2022 y el 30 de abril del 2025, costos cubiertos por subvenciones estatales.
Esos costos fueron para abogados y otros empleados de la Fiscalía del Distrito, y no incluyeron los costos de la investigación policial del ataque.
Los contribuyentes pagaron la defensa de Crusius porque se le declaró indigente e incapaz de pagar su propia defensa.
Spencer dijo que los costos de la defensa aumentaron sustancialmente debido a los esfuerzos de la ex fiscal de distrito Yvonne Rosales para denegar al juez del distrito 409, Sam Medrano, del caso, lo que incluyó revelaciones de una extensa mala conducta fiscal por parte de Rosales y sus asociados. Renunció en diciembre de 2022
Los registros del condado mostraron que la defensa y la fiscalía gastaron más de 300.000 dólares en el año fiscal 2022, cuando esencialmente no hubo ningún movimiento en el enjuiciamiento por el tiroteo masivo, aparte de los esfuerzos relacionados con las acusaciones de mala conducta por parte de Rosales y sus asociados.
Spencer dijo que el ex fiscal de distrito Bill Hicks también aumentó los costos al proporcionar cantidades masivas de material del caso conocido como descubrimiento de pruebas, de maneras que eran difíciles de analizar para los abogados defensores.
La mayor parte de los años fiscales 2023 y 2024 se dedicó a argumentar mociones previas al juicio centradas en las acusaciones de la defensa sobre mala conducta de la fiscalía por parte de las administraciones de Rosales y Hicks.
Spencer dijo que los costos habrían aumentado si Montoya no hubiera decidido poner fin a la búsqueda de la pena de muerte, lo que permitió un acuerdo de culpabilidad. Dijo que el equipo de defensa había dejado claro poco después del ataque a Walmart que su cliente se declararía culpable si la pena.
La publicación e investigación estuvo a cargo de El Paso Matters.
