HOUSTON - Un juez federal prohibió al gobierno de Trump deportar a venezolanos del sur de Texas en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII y declaró que la invocación de la misma por parte del presidente Donald Trump era "ilegal".
El juez de la Corte de Distrito de EEUU Fernando Rodríguez Jr., es el primer juez en dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) no puede utilizarse contra personas que, según el gobierno republicano, son pandilleros que invaden Estados Unidos.
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MIRA AQUÍ GRATIS "Ni la corte ni las partes cuestionan que el Poder Ejecutivo pueda ordenar la detención y expulsión de extranjeros que participan en actividades delictivas en Estados Unidos", escribió Rodríguez, quien fue nominado por Trump en 2018. Sin embargo, el juez afirmó que "la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente a través de una proclamación excede el alcance de la ley y es contraria al sentido común de sus términos".
En marzo, Trump emitió la proclamación en la que afirmaba que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos. Afirmó tener facultades especiales para deportar a inmigrantes, identificados por su gobierno como pandilleros, sin los procedimientos judiciales habituales.
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SUSCRÍBETE "La Corte concluye que la invocación por parte del presidente mediante la proclamación excede el alcance de la ley y, en consecuencia, es ilegal", escribió Rodríguez.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se citó para internar a estadounidenses de origen japonés.
La proclamación desencadenó una oleada de litigios, ya que el gobierno n intentó enviar a migrantes que, según afirmaba, eran pandilleros a la prisión del CECOT en El Salvador.
El fallo de Rodríguez es significativo porque constituye la primera orden judicial formal permanente contra la administración que utiliza la AEA y sostiene que el presidente está haciendo un uso indebido de la ley. "El Congreso nunca tuvo la intención de que esta ley se utilizara de esta manera", declaró Lee Gelernt, abogado de la ACLU que presentó el caso, en respuesta al fallo.
Rodríguez coincidió, señalando que la disposición solo se ha utilizado durante las dos Guerras Mundiales y la Guerra de 1812. Trump alegó que Tren de Aragua actuaba a instancias del gobierno venezolano, pero Rodríguez concluyó que las actividades de las que el gobierno lo acusaba no constituían una invasión ni una "incursión depredadora", como exige la ley.
"La Proclamación no hace referencia ni sugiere de ninguna manera que exista la amenaza de que un grupo armado y organizado de individuos ingrese a Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación", escribió Rodríguez. "Por lo tanto, el lenguaje de la Proclamación no puede interpretarse como una descripción de una conducta que se encuadre en el significado de 'invasión' a efectos de la AEA".
Si el gobierno apela, el caso se dirigirá primero al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, con sede en Nueva Orleans. Este tribunal de apelaciones, uno de los más conservadores del país, también ha fallado en contra de lo que consideró una extralimitación en materia de inmigración por parte de los gobiernos de de Obama y Biden. En esos casos, las administraciones demócratas buscaron facilitar la permanencia de los inmigrantes en Estados Unidos.
El gobierno, como lo ha hecho en otros casos que cuestionan su visión expansiva del poder presidencial, podría recurrir a los tribunales de apelación, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos, mediante una moción de emergencia para una suspensión en espera de una apelación.
La Corte Suprema ya se pronunció una vez sobre el tema de las deportaciones bajo la AEA. Los jueces sostuvieron que a los migrantes presuntamente miembros de pandillas se les debe dar un "plazo razonable" para impugnar su expulsión del país. El tribunal no ha especificado la duración del plazo.
Es posible que la parte perdedora en el Quinto Circuito presente una apelación de emergencia ante los jueces, que también les solicitaría que eludan la acción de los tribunales inferiores a favor de una decisión definitiva del máximo tribunal del país. Dicha decisión probablemente tardaría, al menos, meses. El caso de Texas es solo una parte de la maraña de litigios desatada por la proclamación de Trump.
La ACLU presentó inicialmente una demanda en la capital del país para bloquear las deportaciones. El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó al gobierno que devolviera los aviones que habían salido con detenidos con destino a El Salvador, una directiva que aparentemente fue ignorada. Posteriormente, la Corte Suprema intervino.
Los jueces volvieron a intervenir a finales del mes pasado con una inusual orden después de la medianoche que detuvo las deportaciones desde el norte de Texas, donde, según la ACLU, el gobierno se preparaba para otra ronda de vuelos a El Salvador.
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