El Colegio de Abogados de Texas está investigando si los esfuerzos fallidos del fiscal general estatal Ken Paxton para revocar las elecciones presidenciales de 2020 basados en acusaciones falsas de fraude podrían equivaler a una conducta profesional inapropiada.
El State Bar of Texas inicialmente se negó a aceptar la queja de un activista del Partido Demócrata de que la petición de Paxton a la Corte Suprema de los Estados Unidos para bloquear la victoria de Joe Biden era frívola y poco ética. Pero un tribunal que supervisa las quejas contra los abogados anuló esa decisión a fines del mes pasado y ordenó al colegio que investigara las acusaciones contra el funcionario republicano.
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La investigación representa otro frente de batalla para el asediado fiscal general, que enfrenta un caso criminal de hace años, una investigación separada y más nueva del FBI y un reciente oponente republicano que busca sacar provecho electoral de las diversas controversias. También convierte a Paxton en uno de los abogados de más alto perfil en enfrentar una evaluación profesional por su papel en el esfuerzo de Donald Trump por deslegitimar su derrota.
Un portavoz de la oficina del fiscal general no respondió a las solicitudes de comentarios mientras que el abogado defensor de Paxton, Philip Hilder, se negó a fijar posición frente a la investigación.
Kevin Moran, presidente de los demócratas de la isla de Galveston, de 71 años, compartió su queja con The Associated Press junto con cartas del Colegio de Abogados de Texas y la Junta de Apelaciones Disciplinarias que confirman la investigación. Dijo que los esfuerzos de Paxton para descartar los resultados de las elecciones de otros estados fueron una vergüenza inútil por la cual el fiscal general debería perder su licencia de abogado.
"Quería privar de sus derechos a los votantes en otros cuatro estados", dijo Moran. "Es una locura".
El principal abogado de apelaciones de Texas, que generalmente presentaría los argumentos en casos del estado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, no se unió a Paxton en la presentación de la demanda electoral.
EEUU
Paxton tiene menos de un mes para responder a la afirmación de Moran de que la demanda para revocar los resultados en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin fue engañosa y presentada de mala fe, según una carta del Colegio fechada el 3 de junio. Los cuatro estados del campo de batalla votaron por Biden en noviembre.
A partir de ahí, el Colegio tomará el caso en un procedimiento que se asemeja a la etapa del gran jurado de una investigación criminal. Los investigadores del organismo tienen la facultad de interrogar a los testigos, realizar audiencias y emitir citaciones para determinar si un abogado probablemente cometió una mala conducta. Ese hallazgo luego inicia un proceso disciplinario que, en última instancia, podría resultar en la inhabilitación, suspensión o un castigo menor. También se podría concluir en que no hubo elementos inapropiados en su acciones.
El colegio de abogados desestima miles de quejas cada año y la Junta de Apelaciones Disciplinarias, 12 abogados independientes nombrados por la Corte Suprema de Texas, defienden de manera abrumadora esas decisiones. Reversiones como la de la queja de Moran ocurrieron en menos del 7% de las recibidas el año pasado, según el informe anual del ente.
Claire Reynolds, vocera y abogada del colegio de abogados, dijo que la ley estatal prohíbe a la agencia comentar sobre las quejas a menos que den lugar a sanciones públicas o acciones judiciales.
La investigación del colegio de abogados es confidencial y es probable que tarde meses pero atrae una renovada atención a la divisiva defensa de Trump por parte de Paxton mientras él y el comisionado de Tierras de Texas, George P. Bush, compiten por el respaldo del expresidente en las primarias republicanas para postularse para fiscal general en 2022.
En el lado demócrata, Joe Jaworski, exalcalde de Galveston, ha dicho que se postulará. Moran dijo que Jaworski es su amigo pero que ello no jugó ningún papel en la denuncia contra Paxton.
El desafío electoral de Paxton sobre las elecciones estuvo lleno de afirmaciones que no resistieron el escrutinio básico. Una sucesión de otros jueces y funcionarios electorales estatales han refutado las acusaciones de fraude electoral generalizado y el propio Departamento de Justicia de Trump no encontró evidencia de fraude que pudiera haber cambiado el resultado de los comicios presidenciales de diciembre.
No obstante, la demanda de Paxton le valió el apoyo político y financiero de los leales a Trump en un momento en que nuevas acusaciones de irregularidades criminales llevaron a muchos en el Partido Republicano del estado a mantenerse alejados del fiscal general.
El otoño pasado, ocho de los principales ayudantes de Paxton organizaron una rebelión extraordinaria en la que lo acusaron de abusar de su cargo en beneficio de un donante adinerado. El FBI aún investigando sus afirmaciones.
Paxton ha negado las irregularidades y se declaró inocente por separado en un caso estatal de fraude de valores que data desde 2015 y también se le señala por presuntamente usar su cargo de maneras que han beneficiado a aliados y otros donantes.
Las nuevas acusaciones criminales provocaron un éxodo de los mejores abogados de la oficina de Paxton aunque el procurador general Kyle Hawkins todavía se desempeñaba como el principal abogado de apelaciones de Texas en el momento de la demanda electoral.
Si bien el procurador general generalmente maneja los casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue un abogado privado con sede en Washington D.C. quien impugnó las elecciones con Paxton. Desde entonces, Hawkins migró hacia la práctica privada del derecho y un portavoz de su firma actual declinó comentar por qué no había formado parte de la demanda.
