AUSTIN, Texas — Un gran jurado de Texas acusó a 19 policías de Austin de cargos de agresión agravada con un arma mortal por sus acciones durante las protestas de 2020 por la injusticia racial que se extendió por todo el país tras el asesinato de George Floyd, según personas familiarizadas con el caso.
Varias personas hablaron con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el caso públicamente. El presidente de la Asociación de Policía de Austin, Ken Casaday, confirmó que 19 oficiales enfrentan cargos, pero no dio detalles.
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Se encuentra entre los casos con más acusaciones dentro de un solo departamento de policía en Estados Unidos por las tácticas utilizadas por los oficiales durante las protestas generalizadas, métodos que llevaron a la renuncia o destitución de varios jefes de policía en todo el país.
La noticia de las acusaciones se produjo horas después de que los líderes de la ciudad de Austin aprobaran el pago de $10 millones a dos personas heridas por la policía en las protestas, incluido un estudiante universitario que sufrió daño cerebral.
Combinados, los cargos y los acuerdos ascendieron a la capital liberal conservadora de Texas, de 960,000 pobladores, a tomar algunas de sus acciones más importantes mientras las críticas aún hierven a fuego lento por su manejo de las protestas, lo que intensificó la presión sobre el entonces jefe de policía Brian Manley para que finalmente renuncie.
José Garza, el fiscal de distrito del condado de Travis, que incluye Austin, habló con los periodistas el jueves por la tarde sobre la investigación del gran jurado, pero no dio detalles al respecto, incluido cuántos oficiales enfrentan cargos y por qué delitos.
“Nuestra comunidad está más segura cuando nuestra comunidad confía en la aplicación de la ley. Cuando cree que la autoridad sigue esa ley y protege a las personas que viven aquí”, dijo Garza. “No puede haber confianza si no hay rendición de cuentas cuando las fuerzas del orden violan la ley”.
Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Travis, Ismael Martínez, se negó a comentar sobre la cantidad de oficiales acusados y remitió a los periodistas a los comentarios de Garza.
Los fiscales no han identificado a ninguno de los oficiales que enfrentan cargos. La ley de Texas requiere que una acusación permanezca en secreto hasta que un oficial haya sido arrestado. La agresión agravada con un arma mortal, cuando es cometido por un servidor público, puede conllevar una sentencia de hasta cadena perpetua.
