El gobierno del Condado de El Paso y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) presentarán una demanda en contra del presidente Trump y su declaración de estado de emergencia nacional.
De acuerdo a la demanda, a la que se unieron además Protect Democracy y el Centro Niskanen, no existe una base legal para emitir tal declaración que perjudicará a comunidades específicas en la frontera, incluyendo el Condado de El Paso.
Fernando García, director de BNHR, aseguró que la declaración de emergencia por crisis en la frontera que anunció el viernes el Presidente Trump “es una crisis artificial” que criminaliza a los inmigrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.
“Hemos criticado la dictadura del mundo y ahora pasa que el presidente Trump ignora la voluntad de la gente”, dijo García.
Por su parte Ricardo A. Samaniego, juez del condado de El Paso, aseguró que "el condado de El Paso es una de las comunidades más seguras del país, mientras el presidente Trump continua presentando declaraciones negativas y falsas sobre nuestra comunidad con el propósito de justificar la construcción de un muro fronterizo”.
Samaniego aseveró que esta declaración de emergencia dañará aún más la reputación y la economía del Condado de El Paso y es por eso que el gobierno del Condado y otra organizaciones están decididos a evitar que esto suceda.
A esta declaración del juez se le unió David Stout, comisionado del Condado por el Precinto 2, quien afirmó que la declaración de emergencia en la frontera va a perjudicar la llegada de nuevos negocios y oportunidades económicas a El Paso quienes dudan su presencia en esta región por su aporreada reputación.
Local
A principios de enero, el presidente amenazó con declarar una emergencia nacional si el Congreso no asignaba fondos para el muro fronterizo. Hoy, la Casa Blanca anunció que declararía una emergencia nacional.
De acuerdo al grupo que encabeza la demanda si el presidente continúa utilizando los poderes de emergencia para anular la voluntad del Congreso, usurpará la autoridad constitucional otorgada al Congreso para aprobar leyes y fondos gubernamentales apropiados.
