Ante las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, la defraudación fiscal será considerada como delincuencia organizada y, también, será un delito en contra de la seguridad nacional.
Es de tal manera como el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, castigará a quien expida o adquiera facturas falsas, mismas personas que podrían ir a la cárcel hasta por un periodo de nueve años.
“En esta reforma se establece que se equiparará a un delito de delincuencia organizada cuando este tipo de defraudación supere cerca de los $9 millones de pesos y, no solamente para eso, sino también para quien la adquiere”, dijo el abogado fiscalista, Iván Pérez.
La intención de esta nueva ley es combatir a más de 9 mil empresas fantasmas que existen en el país y que le han costado varias perdidas al gobierno de más de $300 millones de pesos.
Sin embargo, esta medida ha generado temor entre los empresarios mexicanos ante la posibilidad de que se genere, por errores o por malas intenciones, una afectación a empresas que no han cometido ningún delito, haciendo mal uso de esta nueva ley.
“Si hay preocupación, ya me lo han mostrado, claro que hay mucha preocupación”, dijo el ingeniero Eduardo Ramon Moran, presidente de la Copamex en Ciudad Juárez. “Muchos empresarios, incluso, tienen temor de mencionar sus nombres o sus RFC porque dicen ‘no, pues, si nosotros nos quejamos, nos pueden hacer una auditoria y puede caer en terrorismo fiscal’”.
Por su parte, los empresarios aún tienen la esperanza de que el gobierno federal rectifique esta ley, ya que podría frenar las inversiones futuras en México.
